El Hotel Casino Carmelo acumula aproximadamente seis años sin operativa hotelera, un período en el que el Estado mantuvo el predio bajo su patrimonio y debió adoptar medidas de custodia sobre una estructura que permanece sin uso original. Según se desprende de un informe del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Casinos, fechado el 21 de julio de 2025 e incorporado a una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, las instalaciones del hotel se encontraban en estado de abandono y deshabitadas. El predio mantiene una doble condición administrativa, dado que mientras la sección de alojamiento continúa cerrada, una parte del inmueble sigue ocupada por la Sala de Esparcimiento Carmelo, dependiente de la Dirección General de Casinos.
En relación con el destino del bien, el Poder Ejecutivo declaró prescindible el inmueble el 20 de febrero de 2024 y dispuso su enajenación. Al día siguiente se autorizó el procedimiento de venta de los padrones 2682 y 2683, condicionado al desarrollo y explotación de un hotel de lujo junto con la concesión de un casino. Sin embargo, la licitación pública quedó desierta al no registrarse oferentes interesados. La normativa vigente, en particular el artículo 82 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), fija que cuando una propiedad estatal queda sin uso o renta debe ser puesta bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y comunicarse al Poder Legislativo o a la Junta Departamental correspondiente.
Para salvaguardar la edificación, el Ministerio de Turismo dispuso sucesivas contrataciones de seguridad y cerramiento. Las cifras informadas por la cartera detallan un servicio de vigilancia por 1.498.403 pesos en 2021, tareas de tapiado de aberturas por 42.000 pesos en 2023, un cerramiento de piscina por 79.136 pesos en ese mismo ejercicio y un nuevo cerramiento perimetral por 612.576 pesos en 2026. Estas cuatro intervenciones puntuales alcanzan una suma de 2.232.115 pesos, a lo que se incorpora un servicio continuo de alarma y monitoreo con una cuota informada de 5.553 pesos mensuales.
En paralelo, las autoridades evalúan una nueva alternativa para reactivar el complejo. Consta en las actuaciones el expediente 2025-9-1-0002213, iniciado el 26 de diciembre de 2025, correspondiente a una iniciativa privada presentada al amparo del régimen de la Ley 17.555. Desde el Ministerio de Turismo se confirmó que la propuesta permanecía en etapa de análisis administrativo, proceso para el cual la normativa general estipula un plazo de referencia de 90 días para su examen, mientras persisten interrogantes sobre el costo integral de conservación y la documentación de las actuaciones ante el Registro Único de Inmuebles del Estado.



