La compañía española Solaria Energía y Medio Ambiente anunció un proyecto para desarrollar en Uruguay un parque tecnológico de centros de datos con una capacidad proyectada de 500 megavatios. La propuesta contempla una inversión total de 5.700 millones de dólares, de los cuales 5.500 millones estarán destinados a la infraestructura específica de procesamiento y almacenamiento de datos, operando bajo el amparo del régimen de zona franca.

Por su volumen financiero, la iniciativa se perfila como uno de los anuncios de inversión privada más significativos en el sector tecnológico local. Distintos análisis coinciden en que la llegada de un proyecto de esta magnitud ofrece la posibilidad de captar capitales internacionales, fortalecer la infraestructura digital del país y posicionar a Uruguay en un rubro que experimenta una fuerte demanda global de capacidad computacional.

No obstante, el proyecto también suscita reparos y cautela entre especialistas en materia productiva y ambiental. Las principales advertencias apuntan a la relación costo-beneficio del emprendimiento: se señalan interrogantes acerca de la alta demanda energética que demandará la operativa de 500 megavatios, la utilización de recursos naturales y la capacidad real de este tipo de instalaciones para traccionar puestos de trabajo directos y dinamizar el tejido económico local.