La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley destinado a regular el derecho al trabajo en los centros penitenciarios del país. La iniciativa busca establecer un marco normativo que incorpore incentivos para la instalación de empresas privadas en las unidades carcelarias, además de contemplar la creación de emprendimientos individuales y cooperativos gestionados por las propias personas privadas de libertad.
El texto legislativo estructura la actividad en tres modalidades laborales y fundamenta su necesidad a partir de la situación actual del sistema penitenciario. Según los datos que integran la exposición de motivos, a marzo de 2026 la población carcelaria alcanzaba las 16.624 personas, de las cuales más de 5.000 desempeñaban diversas tareas dentro de los establecimientos.
No obstante, el documento advierte sobre la escasez de cupos remunerados: a esa fecha solo existían 850 peculios abonados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), cuyo monto equivale al 50% del salario mínimo nacional. El desbalance económico se reflejó también en el balance de 2025, cuando el 86% de los internos que accedieron a tareas laborales no recibió ninguna retribución, el 11% cobró un peculio —en su mayoría parcial— y únicamente el 3% percibió un salario formal.
Desde la bancada promotora se señaló que la propuesta apunta a transformar experiencias aisladas en una política pública coordinada directamente desde el INR, con el fin de potenciar la actividad productiva interna y favorecer los procesos de rehabilitación.



