A casi dos décadas de la creación de sus bases en 2007, el financiamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) enfrenta interrogantes sobre su sostenibilidad y equidad. Las transformaciones en los modelos de producción, consumo y en las dinámicas del mercado laboral han comenzado a tensionar la suficiencia de los ingresos del seguro de salud.
El impacto presupuestal del sistema evidencia su peso en las cuentas públicas: en 2025, el gasto del Fonasa representó el 13,2% del gasto público corriente total de Uruguay. Dicha cifra supuso, a su vez, un equivalente al 17,7% de la recaudación global de la Dirección General Impositiva (DGI), lo que sitúa cualquier eventual revisión del mecanismo como un asunto de relevancia para la estructura tributaria del país.
Si bien la reforma implementada en 2007 representó un avance en términos de equidad respecto al régimen anterior —en el cual los hogares de menores recursos asumían una carga proporcionalmente mayor—, especialistas y analistas señalan que el actual esquema de aportes aún presenta rasgos regresivos pasibles de ser corregidos.
El ritmo de crecimiento de los recursos que sostienen el sistema frente a las necesidades emergentes abre la discusión sobre qué medidas de resiliencia financiera y ajustes de equidad resultan necesarios para garantizar su viabilidad en el mediano y largo plazo.



