Durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el balance y la situación de la Corte Penal Internacional (CPI), la representación diplomática de Uruguay manifestó su “profunda preocupación” frente a las amenazas y la aplicación de “medidas coercitivas” contra el tribunal de justicia multilateral.
La delegación uruguaya remarcó ante el plenario que estas acciones contra el organismo “constituyen una amenaza a la independencia de la Corte y al funcionamiento del sistema de justicia penal internacional”. La discusión en la Asamblea General abordó tanto la labor y el informe de gestión del tribunal como el proceso de elección de cinco nuevos integrantes de su estructura judicial.
El pronunciamiento tuvo lugar en un contexto de fricciones externas, tras la disposición del gobierno de Estados Unidos de prohibir que empresas estadounidenses realicen transacciones comerciales y financieras con la corte internacional.
En la intervención oficial, el diplomático Dupuy subrayó la relevancia de que el tribunal continúe adelante con sus actividades de investigación, procesos judiciales y mecanismos de reparación a víctimas frente a un entorno complejo. Asimismo, ratificó el compromiso de Uruguay con la tipificación de crímenes internacionales en los marcos normativos locales y con el fortalecimiento de la cooperación activa de los Estados con la CPI.



