El Estado uruguayo alcanzó un acuerdo con la compañía canadiense ATCO que pone fin al arbitraje internacional que la firma tramitaba ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde reclamaba una indemnización de aproximadamente 240 millones de dólares. Según los términos convenidos, la empresa desistió de forma irrevocable de todas sus pretensiones contra el país, sin que se fije ninguna compensación económica a su favor.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que el documento acordado establece que ninguna de las partes asume responsabilidad respecto al diferendo ni contrae obligaciones de pago recíprocas. El jerarca subrayó además que la resolución contempla que la empresa renuncia a promover acciones judiciales posteriores vinculadas a este caso.
Respecto a los costos generados durante el procedimiento, Díaz explicó que Uruguay no realizó aportes financieros directos ante el Ciadi, por lo que las erogaciones del Estado se limitaron a los honorarios de la defensa letrada contratada. A su vez, el funcionario confirmó que el país tampoco solicitará indemnizaciones a la compañía por la apertura de las acciones arbitrales.
Por último, Díaz señaló que la negociación se originó en un marco legal que en una primera instancia comprendía tanto a ATCO como a la empresa Neltume. Al desarrollarse como expedientes arbitrales independientes, las tratativas se escindieron y permitieron concluir el entendimiento con la corporación canadiense.



