Un hombre que trabaja como repartidor protagonizó una protesta al encadenarse frente a la sede de la Inspección General de la Intendencia Departamental de Rivera. El manifestante argumentaba haber sufrido maltrato y un procedimiento irregular durante la retención de su motocicleta en un control vial.
Sin embargo, desde la comuna riverense se aclaró que el vehículo fue incautado el sábado pasado conforme a la normativa, luego de que el conductor arrojara un resultado de 1,43 gramos de alcohol en sangre en la prueba de espirometría. El inspector general de la Intendencia de Rivera, Carlos Migorena, remarcó que el infractor intentó justificar una falta grave que pudo derivar en un siniestro con riesgo de vida, e indicó que también se registró un intento de desacato.
Migorena detalló que la sanción económica por la espirometría positiva asciende a unos 29.000 pesos uruguayos, a lo que se suma la suspensión de la libreta de conducir por un período de entre seis meses y un año para quienes incurren en la infracción por primera vez. Si el involucrado es detectado conduciendo durante ese plazo, el caso se deriva al Tribunal de Faltas, instancia en la que habitualmente se imponen trabajos comunitarios.
Durante la permanencia del hombre en el lugar, se sumó otro episodio cuando una comerciante de la zona lo reconoció públicamente como responsable de reiterados hurtos de mercadería en su local. Tras exhibir videos que documentaban las sustracciones, el repartidor admitió haber cometido los robos y argumentó que lo hizo para alimentar a sus hijos.



