A través de una resolución firmada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se dispuso una prórroga de 20 días para responder a una solicitud de acceso a la información pública presentada por Alejandra Casablanca. La actual asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y extitular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente requirió acceso a la documentación correspondiente a la investigación administrativa instruida sobre su gestión.

El procedimiento indagatorio culminó con el archivo de las actuaciones. El informe final del caso determinó que los funcionarios que promovieron la acusación no acreditaron elementos que dieran cuenta de una afectación a nivel de salud vinculada a las situaciones de violencia que señalaron haber experimentado bajo el mando de la jerarca.

El conflicto administrativo se remonta a noviembre de 2025, cuando cinco trabajadores de la dependencia estatal presentaron denuncias contra Casablanca. De forma recíproca, la jerarca también elevó denuncias por presuntas irregularidades cometidas por los funcionarios denunciantes.

En sus conclusiones, la comisión instructora consignó que durante la gestión se modificaron roles internos en la secretaría y se nombraron nuevos referentes, un esquema organizativo que pudo haber generado una percepción de pérdida de funciones en quienes las desempeñaban con anterioridad. Asimismo, el informe recogió apreciaciones testimoniales controversiales sobre el tenor y alcance de las disposiciones adoptadas.