Una serie de manifestaciones masivas en España ha comenzado a replicarse en otros países de Europa, entre ellos Irlanda, Portugal y los Países Bajos, en reclamo por las crecientes dificultades de acceso a un techo digno. Las convocatorias ciudadanas expresan un creciente malestar social frente a los límites del mercado como único regulador habitacional y cuestionan la concepción de la vivienda como mera mercancía financiera.
Entre las principales demandas expuestas en las movilizaciones se señalan los efectos de la gentrificación, la financiarización del sector inmobiliario y la búsqueda de rentabilidad extraordinaria sobre el suelo urbano. De acuerdo con los reclamos, los desarrollos habitacionales recientes priorizan esquemas de inversión desvinculados del poder adquisitivo de los sectores que verdaderamente requieren una solución habitacional.
Asimismo, el debate abarca las consecuencias ambientales del modelo de expansión urbana y la presión sobre áreas no urbanizadas, al tiempo que se exige una revisión del rol de los Estados en la materia. Las organizaciones movilizadas plantean la urgencia de abandonar criterios de desregulación para dar paso a políticas de vivienda popular que aseguren el derecho a la ciudad y frenen la especulación inmobiliaria.



