Cientos de miles de personas salieron este sábado 17 de octubre a las calles de diversas ciudades de Francia en el marco de una jornada nacional de protestas convocada contra el encarecimiento del costo de vida y en demanda de mayores recursos para la educación pública. La movilización, que unió las reivindicaciones estudiantiles sostenidas durante las últimas semanas con las consignas sindicales y el respaldo de sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos, alcanzó una concurrencia estimada en unas 800.000 personas en todo el territorio según los balances informados por las organizaciones convocantes, entre ellas la CGT y agrupaciones universitarias.
A lo largo del día se registraron episodios de tensión y disturbios en varios puntos del país, que incluyeron bloqueos matutinos en centros logísticos y comerciales, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. El Ministerio del Interior francés informó que a media tarde se contabilizaban al menos 272 personas detenidas. Entre los incidentes de mayor gravedad, en Saint-Étienne un manifestante sufrió la amputación de una mano por el estallido de una granada policial, mientras que en Limoges la policía desalojó los alrededores de la sede comunal tras el incendio del edificio municipal. Ante el cariz de las protestas, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó a la célula de crisis del gobierno para monitorear la situación.
El malestar social confluye en un escenario político complejo, a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán la sucesión de Emmanuel Macron. En los días previos, el mandatario había trasladado a su gabinete la instrucción de dar respuestas concretas a los reclamos juveniles, a los que calificó de legítimos, al tiempo que cuestionó su explotación política y la derivación en violencia callejera. Las federaciones estudiantiles reclaman con urgencia una partida de 10.000 millones de euros para el sistema educativo, mientras el gobierno mantiene su calendario de presentar medidas hacia el cierre del mes.
La ola de movilizaciones traspasó las fronteras y tuvo réplicas en Bélgica, donde cientos de manifestantes se congregaron en Bruselas y Lieja. En la capital belga, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos frente a la Bolsa para dispersar a grupos que arrojaban proyectiles, un operativo que culminó con una decena de detenidos por alteración del orden público. Tras los hechos, el ministro belga del Interior, Bernard Quintin, condenó lo que describió como actos organizados orientados a generar desestabilización.



