Los 31 ediles que integran la Junta Departamental de Montevideo reúnen en la actualidad a 176 asesores, repartidos entre secretarios contratados y funcionarios que cumplen funciones en régimen de pase en comisión desde distintas dependencias del Estado. La información surge a partir de una solicitud de acceso a la información pública, la cual detalla que cada legislador departamental dispone de una partida mensual de aproximadamente 262.000 pesos para costear a su secretaría y puede contar con un tope de hasta nueve asistentes: cinco secretarios directos y cuatro pases en comisión. En la actualidad, el edil Guillermo Kruse (de la Coalición) es el único que ocupa la totalidad del cupo habilitado, seguido por Gabriel Cunha y Rafael Seijas (del Partido Nacional), junto a Pedro Pastorin y Estefanía Schiavone (del Frente Amplio), con ocho colaboradores cada uno.

El informe expone diversas designaciones de familiares directos e indirectos en las bancadas mayoritarias. En las filas del Partido Nacional, la edila Fernanda Araujo tiene contratado a su hermano, mientras que Gabriel Cunha incorporó a su padre y a su hermano, y Rafael Seijas sumó a dos hijos de su pareja. A su vez, el coordinador de la bancada blanca, Diego Rodríguez, mantiene como asesora a su familiar Susana Rodríguez con una remuneración de $ 52.393 para tareas vinculadas a fotografía y gestión de redes sociales, tras calificar la designación como una decisión amparada en la confianza y el buen desempeño. En el Frente Amplio, la edila Margarita Rodríguez contrató a Mauro Romaniello —padre del edil Diego Romaniello— por unos 95.000 pesos mensuales, mientras que el edil Alejandro Milano mantiene contratado a Joaquín Milano con un sueldo de $ 55.896, confirmando el lazo familiar sin especificar el parentesco exacto ni la función que desempeña. Los legisladores consultados argumentaron que las normas vigentes de la corporación no impiden la vinculación de parientes en los cargos de secretaría de bancada.

El esquema de asesores también incluye a figuras con trayectoria en la administración pública y en litigios judiciales. Entre los pases en comisión y contratos técnicos figura el exsubsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel, quien se desempeña como asesor letrado del edil Diego Rodríguez. Asimismo, el edil frenteamplista Gonzalo Zuvela tiene en comisión al abogado Gumer Pérez; en tanto, el nacionalista Joaquín Campos cuenta con el patrocinio en comisión de Alfredo Ciavattone —abogado y síndico concursal— y la asesoría de Santiago Caramés, extitular del Sistema Nacional de Emergencias. En la misma bancada, la edila Laura Soto tuvo hasta el mes pasado la colaboración de Valentina Arlegui, expresidenta de la lista 71.

El funcionamiento del régimen de asesores en el deliberativo comunal había cobrado notoriedad pública a raíz de la situación del edil blanco Gonzalo Gómez, quien contaba con ocho colaboradores asignados. Gómez se encuentra formalmente de licencia y con sus derechos partidarios suspendidos dentro del Partido Nacional, luego de que uno de sus asesores asignados fuera procesado por lavado de activos vinculado al narcotráfico y tras admitirse que dicho colaborador no cumplía funciones efectivas en el organismo.