Las elecciones parlamentarias en Israel configuraron un parlamento altamente atomizado y sin mayorías definidas para la conformación del próximo ejecutivo. La coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu se ubicó como la fuerza más votada pero sufrió un retroceso representativo al alcanzar 53 de las 120 bancas de la Knesset, diez escaños menos de los 64 que ostentaba tras las elecciones de 2022. Por su parte, la oposición sionista cosechó 48 lugares, mientras que los partidos árabes alcanzaron una marca inédita de 19 bancas, en un sistema de representación proporcional que exige un umbral del 3,25% para acceder al legislativo unicameral.
El resultado electoral posiciona a las fuerzas árabes en un rol que podría resultar determinante, luego de pasar de 10 a 19 escaños gracias a una mayor movilización en las urnas y acuerdos de coordinación que evitaron la dispersión de votos. Durante la campaña, los temas predominantes estuvieron vinculados a la histórica exención del servicio militar para la población ultraortodoxa y a los reclamos opositores para conformar una comisión independiente que investigue las fallas de seguridad relativas al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, mientras que los debates en torno al futuro de la ofensiva en Gaza o el estatus de un Estado palestino ocuparon un espacio acotado en la agenda política general.
Frente a este escenario, las posibilidades para investir un nuevo gobierno se presentan complejas y abiertas. En declaraciones a la prensa, el sociólogo uruguayo Rafael Porzecanski planteó tres caminos centrales para destrabar el esquema institucional: la falta de acuerdos que desemboque en una nueva convocatoria a elecciones —un recurso reiterado entre 2019 y 2022—, un entendimiento entre la oposición sionista y formaciones árabes que desafíe los vetos de campaña, o un acuerdo de unidad entre el Likud y sectores opositores, condicionado por los reparos explícitos hacia la figura de Netanyahu.



