La llegada a Uruguay del papa León XIV reactivó la discusión pública en torno al alcance de la laicidad estatal y los límites de la presencia religiosa en el ámbito oficial. En el marco de su visita, el pontífice fue recibido en la plaza Independencia por el presidente Yamandú Orsi durante una ceremonia formal que reunió a integrantes del gabinete de gobierno, representantes del cuerpo diplomático y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Como parte de los actos protocolares, la fachada del Palacio Estévez fue iluminada con los colores amarillo y blanco de la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El dispositivo de seguridad coordinado por las autoridades estatales contempló un despliegue de gran escala en la capital. Según lo previsto por el Poder Ejecutivo, el operativo involucró a unos 5.000 efectivos de la Policía Nacional y a entre 1.000 y 1.700 integrantes de las Fuerzas Armadas, además de recursos logísticos específicos para el resguardo de las actividades y los traslados del visitante.

Las características del recibimiento institucional reavivaron visiones encontradas sobre la naturaleza de los honores rendidos: mientras ciertos sectores los encuadran dentro del protocolo diplomático habitual dispensado a jefes de Estado extranjeros, otros los interpretan como un tratamiento diferencial hacia la máxima jerarquía de la Iglesia católica. La controversia remite de forma directa a la tradición secular de Uruguay y a la definición constante del rol del Estado frente a los cultos.