El Tribunal de Apelación de París falló a favor del Estado uruguayo en el litigio internacional iniciado por inversores vinculados al proyecto minero Aratirí. La sentencia judicial rechazó el pedido de anulación del laudo arbitral emitido en 2020, el cual ya había desestimado el reclamo de una indemnización por 3.536 millones de dólares por la frustrada iniciativa de extracción de hierro en la zona de Valentines.
El proceso había sido iniciado por integrantes de la familia Agarwal, asociados a la compañía Zamin Ferrous, quienes atribuyeron al Estado uruguayo una presunta expropiación ilícita progresiva desarrollada entre 2012 y 2017, además de aducir la vulneración del tratado de protección de inversiones suscrito con el Reino Unido. Si bien los demandantes habían logrado la anulación del laudo en una primera instancia de apelación en 2023, la Corte de Casación francesa revocó esa determinación en abril de 2025 tras considerar que el tribunal se había extralimitado en sus atribuciones de revisión. En este nuevo pronunciamiento, la sede judicial parisina determinó que los reclamantes pretendían una revisión sobre el fondo del diferendo que resultaba improcedente para esta etapa.
La resolución ratifica la vigencia del fallo arbitral y habilita a las autoridades uruguayas a tramitar en Francia el cobro de 4.097.149 dólares por costas adeudadas desde el procedimiento inicial, junto con una suma complementaria de 300.000 euros fijada por los gastos del recurso de anulación desestimado. En esta fase del proceso, la administración de gobierno encabezada por Yamandú Orsi redefinió la estrategia de defensa del país con la contratación de estudios jurídicos especializados en arbitrajes internacionales.
Al evaluar el dictamen judicial, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, remarcó la posición de solvencia institucional y seguridad jurídica del país ante demandas externas. El jerarca señaló que la definición judicial desmontó las advertencias sobre presuntas condenas millonarias contra el erario público y recordó que Uruguay mantiene antecedentes favorables en la casi totalidad de los arbitrajes internacionales que debió enfrentar.



