El Tribunal de Apelaciones de París ratificó el laudo arbitral a favor del Estado uruguayo en el diferendo judicial iniciado en 2018 por la minera Aratirí, vinculado al proyecto de extracción de hierro que no se concretó en el país. La resolución desestima la impugnación de la firma y establece que deberá pagar al Estado 4,1 millones de dólares, además de 300.000 euros por concepto de costas procesales, según informó en conferencia de prensa el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

El reclamo original de la empresa de origen indio ascendía a 3.600 millones de dólares. En 2020, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Uruguay y rechazó la demanda. No obstante, la compañía recurrió a la justicia francesa para solicitar la nulidad del laudo; en 2023 se había dispuesto la anulación, por lo que la representación uruguaya recurrió en casación hasta obtener este nuevo dictamen que confirma la validez de la resolución inicial.

Díaz valoró el resultado como un mensaje hacia el exterior sobre la defensa jurídica del país y subrayó que el Estado ganó la gran mayoría de las controversias internacionales planteadas, con una sola excepción durante la administración pasada. Asimismo, recordó los pronunciamientos de dirigentes opositores en 2018 —entre ellos el expresidente Luis Lacalle Pou—, quienes auguraban que el juicio terminaría con una condena económica para el país por decisiones del gobierno de entonces.

Por último, al ser consultado sobre declaraciones formuladas a la prensa respecto del escenario electoral venidero, el prosecretario ratificó que no tiene intención de ser candidato a ningún cargo, al tiempo que remarcó que las fuerzas de gobierno trabajarán para imponerse a la oposición en los comicios presidenciales.