El Tribunal de Apelación de París falló a favor del Estado uruguayo y desestimó el pedido de anulación promovido por los inversores vinculados al proyecto minero Aratirí, quienes exigían una compensación de 3.536 millones de dólares, la cifra más cuantiosa reclamada contra Uruguay en su historia judicial. Con esta resolución, la corte gala ratificó la vigencia del laudo arbitral dictado en agosto de 2020 por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que ya había desestimado los reclamos empresariales.
La sentencia judicial abre el camino para que el Estado avance en Francia con la ejecución del cobro de 4.097.149 dólares adeudados por los litigantes en concepto de costas del proceso arbitral original. Asimismo, la sede impuso a los demandantes una condena accesoria de 300.000 euros para cubrir los gastos procesales de esta etapa de anulación, fundamentando que la parte actora pretendía una revisión sobre el fondo del caso, aspecto que excede las atribuciones de control del tribunal sobre la regularidad del arbitraje.
El litigio tuvo su origen en 2017, a partir de una demanda impulsada por integrantes de la familia Agarwal —socios de la firma Zamin Ferrous y su filial Aratirí— ante el fracaso del proyecto minero proyectado en Valentines. Los demandantes sostenían que Uruguay había vulnerado el tratado de protección recíproca de inversiones suscrito con el Reino Unido en 1997 mediante supuestas medidas expropiatorias entre 2012 y 2017. Tras vicisitudes procesales que incluyeron una anulación en 2023 y la intervención posterior de la Corte de Casación en 2025, el expediente retornó al Tribunal de Apelación con una estrategia de defensa reforzada por Presidencia.
Desde el Poder Ejecutivo se programó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva encabezada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, con el propósito de profundizar en el contenido de la sentencia y los cursos de acción para hacer efectiva la percepción de las costas adeudadas.



