Entre 2023 y 2025 se registraron en el país 58 homicidios y 238 casos de niños y adolescentes heridos por armas de fuego. Las cifras integran un informe elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), que alerta sobre la insuficiencia de los mecanismos estatales de prevención y contención para familias y menores que viven en contextos atravesados por la violencia.

El documento señala un incremento en los casos de niños de hasta 14 años alcanzados por disparos, así como una expansión territorial de este fenómeno delictivo. De acuerdo con el organismo, cuando una familia con menores enfrenta amenazas de muerte, el Estado carece de una ruta de actuación suficientemente clara, rápida y coordinada que permita asegurar su resguardo inmediato frente al peligro.

El presidente de la Inddhh, Juan Miguel Petit, sostuvo en declaraciones a la prensa que las fallas actuales abarcan tanto la atención de los casos consumados como la prevención comunitaria. Petit señaló la necesidad de reforzar los vínculos y la coordinación entre los distintos organismos estatales que operan en el territorio, al considerar que los desafíos de convivencia exceden la capacidad de respuesta aislada de una única repartición.

Asimismo, el titular de la institución remarcó que las consecuencias de la violencia territorial no se limitan a los homicidios y las amenazas directas, sino que deterioran la vida cotidiana e instalan un clima de temor que coarta las salidas a la vía pública y los vínculos vecinales, lo que demanda intervenciones integrales y articuladas de manera urgente.