La Corte Electoral habilitó la consulta en línea al padrón definitivo de votantes habilitados para las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se celebrarán el domingo 22 de noviembre. A través de la plataforma oficial, los afiliados pueden verificar si figuran en el registro, en qué orden u órdenes les corresponde emitir el sufragio —ya que una persona puede estar habilitada en más de una categoría— y el circuito de votación asignado, ingresando por credencial cívica, cédula de identidad o nombre y apellido.

En estos comicios de carácter obligatorio se elegirán a los tres representantes de los afiliados que completarán el directorio de siete integrantes de la institución, compuesto además por cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo. Los cargos sociales a definir corresponden a un representante por los trabajadores activos, uno por los pasivos (jubilados y pensionistas) y otro por el orden empresarial, quienes asumirán funciones por un período de cinco años.

El régimen electoral prevé sanciones económicas para quienes no concurran a votar y no justifiquen la omisión. Las multas establecidas se sitúan en una unidad reajustable (UR) —unos 1.900 pesos uruguayos— para pasivos y trabajadores en general, elevándose a dos UR (aproximadamente 3.800 pesos) en el caso de trabajadores activos con título expedido por la Universidad de la República o funcionarios públicos. En el caso de las empresas, la penalización varía según la planilla: seis UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para aquellas con entre 11 y 50 dependientes, y 20 UR si superan los 50 empleados.

Quienes no puedan sufragar deberán tramitar la justificación ante la Corte Electoral hasta el 21 de enero de 2027 a través del formulario digital del organismo. Las causales admitidas comprenden padecimiento de enfermedad o imposibilidad física acreditada con certificado médico, razones de fuerza mayor debidamente documentadas, radicación fuera del departamento de votación (excepto para mandatarios de empresas) o permanencia fuera del país, situación en la cual los ciudadanos cuentan con un plazo de 60 días tras su regreso para acreditar la salida y entrada ante las autoridades.