La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, y el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, emitieron este jueves una declaración conjunta en la que cuestionaron la resolución judicial que impuso medidas privativas de la libertad a tres adolescentes imputadas por agredir a la dirigente Valeria Ripoll y a su hija.

El caso se originó a partir de los hechos ocurridos el pasado viernes en la puerta del domicilio de Ripoll, ubicado en las inmediaciones del Hogar Magnolia del INAU. Tras las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno logró la imputación de las tres jóvenes por infracciones tipificadas como delitos de lesiones personales y violencia privada, disponiéndose como medida cautelar su reclusión por 30 días en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Ante el dictamen, Romero y Fuentes calificaron el fallo de «muy triste noticia» y remarcaron que la privación de la libertad de adolescentes debe ser una medida de «último recurso», sustentada en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En su pronunciamiento, advirtieron sobre las consecuencias permanentes que genera el encierro en jóvenes con historias de vulneración social previa.

Si bien los jerarcas calificaron de injustificable la violencia como vía de resolución de conflictos, sostuvieron que esto no habilita la exposición pública ni el ensañamiento hacia las menores. Asimismo, reconocieron la existencia de problemas estructurales en el Sistema de Protección Especial y llamaron a abordar la situación con responsabilidad institucional y apego a los derechos de niños, niñas y adolescentes.