La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, reiteró sus cuestionamientos a la resolución judicial que dispuso el ingreso por 30 días al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de las tres adolescentes imputadas por agredir a la dirigente nacionalista Valeria Ripoll y a su hija.
En una rueda de prensa en el marco de una actividad del organismo, Romero manifestó su «profunda tristeza» ante la medida judicial adoptada. La jerarca remarcó que la violencia no constituye una vía admisible para la resolución de diferendos, pero advirtió que la reclusión de adolescentes en situación de vulnerabilidad «no condice con lo que establece el código ni la certeza de cómo tenemos que hacer el camino de protección para las historias de estas adolescentes, que no han sido fáciles».
La postura de Romero ratifica los términos de un comunicado emitido previamente junto al vicepresidente del instituto, Mauricio Fuentes. En ese texto, las autoridades del INAU señalaron que la violencia es injustificable pero que «nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento», al tiempo que remarcaron que la privación de libertad debe operar como una medida de último recurso debido a los impactos permanentes que genera en jóvenes que arrastran historias previas de vulneración.
La posición expresada por la directiva del INAU motivó la respuesta pública de Valeria Ripoll, quien manifestó indignación y molestia ante la reacción institucional de las autoridades, cuestionando qué tipo de hechos de gravedad deben suscitarse para que se considere procedente la adopción de medidas privativas de la libertad frente a una agresión.



