A pocos días de los comicios presidenciales, la campaña electoral en Brasil tiene como uno de sus focos principales la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro. Su hijo y candidato por el Partido Liberal (PL), el senador Flávio Bolsonaro, insistió en su compromiso de concederle un indulto si accede a la Presidencia de la República, lo que reaviva la controversia en torno a las consecuencias políticas y legales del asalto a los tres poderes ocurrido en Brasilia en enero de 2023.
El expresidente se encuentra cumpliendo una condena de más de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por razones humanitarias, luego del fallo del Supremo Tribunal Federal que determinó su responsabilidad en una trama para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. En sus declaraciones públicas más recientes, Flávio Bolsonaro calificó el proceso judicial de «farsa» y minimizó la gravedad de los ataques a las sedes institucionales en la capital brasileña, alegando que las acciones de los manifestantes no configuraban un intento real de golpe de Estado.
En cuanto a la conformación de un eventual gabinete y el reparto de poder, el postulante del PL descartó que su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro —actualmente radicado en Estados Unidos y con causas judiciales abiertas en territorio brasileño—, vaya a asumir la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, las versiones en torno a la incidencia directa que mantendría el exmandatario en las designaciones de ministros continúan gravitando sobre el proyecto político que encabeza la familia.
En el plano de las propuestas programáticas, el candidato planteó una reforma constitucional para eliminar la reelección presidencial e impedir postulaciones de familiares directos en períodos subsiguientes, además de anunciar una reestructuración estatal que contempla la supresión de al menos diez ministerios. Asimismo, abogó por catalogar a facciones delictivas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) bajo la figura de organizaciones narcoterroristas y flexibilizar el acceso de la población civil al porte de armas.



