La Federación Rural presentó una propuesta de plan piloto orientada a controlar la sobrepoblación canina en el país, con un esquema de inicio proyectado para el departamento de Cerro Largo. La iniciativa plantea un esquema de trabajo interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la intendencia departamental, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), las gremiales del sector agropecuario y el Ejército Nacional, estructurado sin asignación presupuestal extraordinaria y apoyado en los recursos ya disponibles de las entidades involucradas.
El proyecto se divide en dos fases. Durante los primeros tres meses contempla el relevamiento de la población canina en áreas urbanas y rurales, el desarrollo de un registro digital y campañas de tenencia responsable. A partir del cuarto mes y hasta fin de año, prevé la realización de operativos focalizados sobre perros sueltos, la instalación de refugios en dependencias militares en la ciudad de Melo, y la ejecución de jornadas de castración, vacunación, colocación de microchips y fomento de adopciones.
Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Bienestar Animal. El presidente del organismo, Esteban Vieta, señaló en declaraciones a la prensa que no comparte la totalidad del planteo y advirtió que la propuesta de la gremial asigna a las fuerzas armadas un rol desmedido en el proceso, desde la captura hasta la custodia en cuarteles. Vieta indicó que la institución ya viene trabajando con organizaciones locales en Cerro Largo y subrayó que el Ejército no puede asumir la responsabilidad total de las tareas de bienestar animal.
A su vez, desde la Plataforma Animalista cuestionaron la efectividad de la intervención planteada. Patricia Durán, integrante del colectivo, remarcó que la captura y traslado de ejemplares no resuelve las causas estructurales del abandono ni frena la reproducción sin control de la población canina en el territorio.



