Un total de 14 familias de origen colombiano radicadas en Colonia Nicolich denuncian haber sido víctimas de una maniobra de estafa en la adquisición de terrenos donde construyeron sus viviendas. Los afectados, que llegaron a Uruguay entre 2019 y 2020, adquirieron los predios de buena fe a una persona que posteriormente se constató que no era la dueña legítima de los inmuebles, situación que derivó en intimaciones judiciales de desalojo.
La defensa legal de las familias, a cargo de la abogada Elsa Calo, planteó que el proceso judicial no se está ajustando a lo dispuesto por la Ley 19.661 de 2018. Según explicó la profesional, dicha normativa estipula un procedimiento especial para los casos en que más de cinco núcleos familiares residen en un mismo padrón, mecanismo que obliga a la sede judicial interviniente a dar aviso formal al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y a la Agencia Nacional de Vivienda para viabilizar un realojo.
No obstante, las intimaciones de desalojo se cursaron de manera individual, lo que pone a las familias en riesgo inminente de perder sus hogares y las inversiones realizadas. La defensa sostuvo que, si bien se impulsaron gestiones ante los organismos públicos competentes, resulta fundamental que la sede judicial cumpla con la notificación preceptiva prevista por la ley para garantizar una solución habitacional a los afectados.



