La familia de Soledad Barrera, la médica pediatra que falleció tras sufrir un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica en la mutualista SMI, manifestó su profunda preocupación por la actuación procesal del Ministerio de Salud Pública (MSP). El malestar radica en la demora de la secretaría de Estado en contestar la demanda presentada por la anestesista Inés Miralles, quien recurrió a la Justicia con el propósito de revocar la sanción administrativa de cinco años de inhabilitación que la cartera le fijó en 2024.

La medida disciplinaria original fue dispuesta luego de que la investigación administrativa concluyera que Miralles se ausentó del block quirúrgico durante parte del procedimiento médico en el que Barrera padeció el paro cardíaco que causó su muerte.

El abogado de la familia de la víctima, Pablo Schiavi, señaló que la omisión del organismo estatal en el proceso judicial configura un error grave que ubica al Estado en una posición desfavorable frente a la demanda de la anestesista. No obstante, la defensa técnica precisó que la falta de respuesta formal por parte del MSP, si bien perjudica la estrategia de defensa de la resolución, no define por sí sola la sentencia final del diferendo judicial.