El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Inau e Inisa (Sinau) emitió un pronunciamiento público en el que cuestionó la resolución judicial que ordenó la internación cautelar en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de las jóvenes involucradas en un incidente con la dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll. La medida cautelar, fijada por un plazo de 30 días, se dispuso luego de que la Justicia imputara a tres adolescentes de 14 y 15 años por dos delitos de lesiones personales y uno de violencia privada.
El episodio se produjo en las inmediaciones de la avenida Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo, donde se ubica un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) contiguo a la vivienda de Ripoll. Según denunció la dirigente política a través de sus redes sociales, una de las jóvenes la golpeó en el rostro cuando intentaba registrar con su teléfono celular lo que sucedía en el lugar mientras aguardaba un taxi, hecho en el que también resultó agredida su hija.
En su comunicado, titulado «La privación de libertad no puede ser la respuesta ante la falta de protección: exigimos un abordaje integral y con perspectiva de derechos», el Consejo Directivo de Sinau subrayó su «absoluto e incondicional respeto» hacia las víctimas y remarcó que su postura no pretende minimizar el daño ni desconocer las garantías estatales de amparo. Sin embargo, el sindicato calificó como alarmante que se recurra a la privación de libertad preventiva en lugar de apelar a mecanismos cautelares alternativos y no privativos idóneos para mitigar eventuales riesgos procesales.
La organización gremial advirtió que la determinación no ponderó las vulnerabilidades preexistentes, las situaciones de trauma ni el contexto de desprotección de las jóvenes, a quienes definió como personas a las que el sistema de amparo no logró asistir a tiempo. «La institucionalización permanente y el encierro no educan, ni reparan. Para las infancias y adolescencias en situación de mayor vulnerabilidad, la respuesta jamás puede reducirse a pasar de un dispositivo de amparo a un centro de reclusión adolescente», concluyó el texto sindical.



