El presidente de la República, Yamandú Orsi, revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había disminuido de cinco a tres años la inhabilitación para el ejercicio profesional de la anestesista Inés Miralles. A través de un decreto del Poder Ejecutivo, quedó ratificada la sanción original de cinco años impuesta tras la muerte de la médica pediatra Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica.
El texto oficial dispuso revocar la resolución ministerial emitida el 1.° de octubre de 2025 bajo atribuciones delegadas y confirmó en todos sus términos lo resuelto por la Comisión de Salud Pública el 3 de diciembre de 2024. Para fundamentar la medida, el Ejecutivo acogió el informe de la División Jurídica del MSP sobre la existencia de hechos nuevos, entre los que destaca la sentencia judicial del 18 de diciembre de 2025 que homologó un proceso abreviado con la Fiscalía de Flagrancia de 9.° Turno y condenó a Miralles como autora de un delito de homicidio culpable.
La decisión ministerial que había acortado la sanción generó en su momento el rechazo de los familiares de Barrera. En junio, el padre de la víctima, Néstor Fernando Núñez, presentó una misiva formal al mandatario para manifestar su disconformidad con lo actuado por la cartera de salud. En ese mismo período, la ministra Cristina Lustemberg compareció ante el Parlamento y sostuvo que la fijación del plazo no se apartó de las normas administrativas ni de los antecedentes aplicados habitualmente por el ministerio.
Tras divulgarse el nuevo decreto presidencial, surgieron repercusiones en el ámbito legislativo. El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto solicitó la remoción de la titular del MSP al considerar que la revocación desde Presidencia debilita la posición de la jerarca al frente del ministerio.



