El Poder Ejecutivo firmó un decreto reglamentario destinado al control de municiones y armas de fuego en el país. La disposición fija topes de adquisición y venta según la categoría de usuario, introduce exigencias de trazabilidad en las importaciones y endurece las sanciones penales por modificaciones ilegales, tales como la alteración de números de serie para evitar su identificación o la conversión de armas semiautomáticas en automáticas. La normativa forma parte del Plan Nacional de Seguridad Pública y fue elaborada tras rondas de intercambio con asociaciones de tenedores y usuarios para diferenciar los usos legítimos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló en rueda de prensa que la medida apunta a disminuir la incidencia de disparos en el territorio nacional y abordar la proliferación de armamento. El nuevo esquema incluye un mecanismo de trazabilidad para las municiones que adquieran los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, junto con el marcaje del material destinado a la operativa policial. Asimismo, ambas carteras acordaron la puesta en marcha de un registro común de armas, unificando la información de las dos instituciones.

Durante la presentación oficial, el director de Estadística y Criminología Avanzada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, expuso datos que señalan un aumento del 300% en la participación de armas de fuego en hechos delictivos —principalmente contra personas— registrado entre 2013 y 2025. Las autoridades vincularon esta tendencia al incremento de la demanda de armamento por parte de la delincuencia y consideraron que las nuevas disposiciones alinean la legislación local con los estándares internacionales.

Por otra parte, la reglamentación introduce restricciones específicas sobre modalidades tecnológicas emergentes y otros artefactos de disparo. A partir de este decreto, queda prohibida la importación, compraventa, uso, transferencia y tenencia de archivos digitales destinados a la fabricación de armas 3D, cuyo empleo quedará circunscrito con exclusividad a las Fuerzas Armadas y la Policía. A su vez, las armas de aire comprimido pasarán a estar bajo control estatal por primera vez, debido al poder lesivo alcanzado por algunos modelos y a la existencia de antecedentes fatales vinculados a su uso.