Promulgada el pasado 26 de junio y próxima a ser reglamentada, la Ley Integral de Empleo unifica y actualiza la normativa orientada a promover el trabajo formal para personas con dificultades de inserción. En ese marco, el Estado financiará hasta el 80% del salario de las personas con discapacidad que sean contratadas por el sector privado, con un tope fijado en 25.000 pesos.

El director nacional de Discapacidad, Federico Lezama, destacó que este instrumento apunta a derribar las dificultades de acceso al mercado laboral formal. Según explicó el jerarca, bajo este esquema subsidiado, si una empresa contrata a una persona con discapacidad durante un año, el costo mensual a cargo del empleador puede descender a unos 5.000 pesos, lo que busca facilitar la primera oportunidad de empleo.

En paralelo a la aplicación de la ley, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó el Programa Conecta, una plataforma dirigida a capacitar en accesibilidad, discapacidad y derechos humanos. La propuesta prevé cursos presenciales en Montevideo y en el interior del país, dirigidos tanto a las personas con discapacidad y sus familias como a profesionales vinculados a las áreas de la salud y la educación.

De acuerdo con los datos recabados en el Censo 2023, en Uruguay residen unas 200.000 personas con alguna discapacidad, cifra que representa el 6,5% de la población total. De ese universo, la mitad supera los 65 años de edad. En materia formativa, casi el 60% de las personas con discapacidad tiene primaria como máximo nivel educativo alcanzado, frente al 23% registrado en la población sin discapacidad, una brecha que las autoridades buscan mitigar junto con la atención a denuncias cotidianas por discriminación.