El concejal suplente del Frente Amplio en Carmelo, Brian Brajús, aclaró que su presencia en una reciente reunión entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el alcalde local, Luis Pablo Parodi, se dio en calidad de coordinador operativo del refugio para personas en situación de calle del complejo Barracones y no como miembro del Concejo Municipal. La instancia, difundida institucionalmente por el gobierno local como un espacio de coordinación de políticas de protección social, estuvo focalizada en el funcionamiento del dispositivo y el seguimiento de sus usuarios.

Brajús explicó en declaraciones a la prensa que acudió al encuentro a pedido del director departamental del MIDES en Colonia, Maxi Olaverrey, quien no podía asistir, y ante la imposibilidad de concurrencia de la trabajadora social del centro. El dirigente desempeña tareas de coordinación logística, supervisión de personal y articulación institucional en el refugio tras haber ingresado mediante una convocatoria laboral de la cooperativa Bien Alto, entidad que gestiona el servicio por convenio con la Dirección Nacional de Protección Social de la cartera.

El dispositivo de Barracones se encuentra vinculado además a la implementación del programa «Habitar, Convivir y Producir», impulsado por el MIDES para incorporar formación y trabajo agrícola a la atención de personas en situación de calle. Esta iniciativa prevé la articulación con el Municipio de Carmelo y la Intendencia de Colonia para tareas de mantenimiento e infraestructura edilicia. Brajús remarcó que las decisiones contractuales y de financiamiento dependen del ministerio y que en el ámbito municipal no se han considerado expedientes referidos a la cooperativa para la cual trabaja.

Consultado acerca de las disposiciones de la Ley 19.272 sobre municipios y el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823), Brajús afirmó haber realizado consultas que descartaron una incompatibilidad legal entre su labor en el refugio y su banca suplente, argumentando que se trata de un contrato laboral con una entidad privada prestadora de servicios para el gobierno nacional. La normativa vigente no presume incompatibilidad por la mera relación laboral privada con un organismo estatal, en tanto no existan intervenciones desde el cargo público destinadas a favorecer a la entidad empleadora.