La Asociación de Defensores Públicos manifestó su rechazo a la implementación de los allanamientos nocturnos en el país. La secretaria general de la organización gremial, Lucía Long, advirtió sobre los riesgos que implican estos operativos fuera del horario diurno y señaló que las coordinaciones de las intervenciones ya presentan complejidades significativas durante el día.

En declaraciones a la prensa, Long hizo hincapié en la falta de recursos y en la carencia de una especialización adecuada para atender los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados en estos procedimientos. De acuerdo con la representante, el servicio legal del Estado requiere una preparación técnica específica para evitar vulneraciones a los menores que atraviesan situaciones de intervención judicial.

Asimismo, la dirigente remarcó la necesidad de que la defensa pública cuente con independencia en su gestión para garantizar de forma cabal los derechos de las infancias y formar parte activa de la política pública de justicia. En la actualidad, el servicio carece de autonomía y permanece bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia, organismo que sostiene la postura de que los defensores se encuentran más resguardados institucionalmente al formar parte del Poder Judicial.