La posible designación del abogado Raúl Estomba en la Fiscalía General de la Nación generó inquietud en el sistema político respecto a los antecedentes profesionales de los aspirantes a ingresar a la institución. Tras superar el concurso para el cargo de fiscal adscripto, el Ministerio de Educación y Cultura envió la solicitud de venia a la Cámara de Senadores, que deberá expedirse sobre el nombramiento.
Tanto en la secretaría de Estado como entre parlamentarios de distintas fuerzas partidarias se transmitió preocupación por la situación, aunque se reconoce la inexistencia de impedimentos jurídicos formales para detener el trámite reglamentario. La discusión trasciende este caso particular, ya que otros profesionales que asumieron la defensa de personas procesadas por actividades ilícitas se encuentran concursando por cargos en la Fiscalía. Entre ellos figuran Juan Barca —quien aspira nuevamente a un puesto tras no haber obtenido la calificación suficiente en la convocatoria del año pasado— y Diego Cabrera, defensor de Luis «Betito» Suárez, en un proceso evaluatorio cuyos resultados aún no han concluido.
Ante las objeciones planteadas a su postulación, Estomba descartó ser calificado como defensor del narcotráfico y argumentó que, si bien asistió legalmente a miembros de organizaciones delictivas, no lo hizo en expedientes tipificados por delitos de tráfico de estupefacientes. En declaraciones a la prensa, el abogado advirtió que la no aprobación de su venia parlamentaria lesionaría las garantías del Estado de derecho y señaló que promoverá acciones legales si se traba su designación, además de manifestar que eventuales maniobras de infiltración en el sistema judicial suelen recurrir a profesionales de menor exposición pública.



