La presentación de las estadísticas del Ministerio del Interior sobre los primeros nueve meses del año, que contabilizaron 312 homicidios y representaron un incremento del 13% respecto a igual período del año anterior, reabrió la controversia política en torno a la seguridad pública. Durante el informe oficial, el ministro Carlos Negro vinculó este incremento a enfrentamientos entre organizaciones criminales, defendió la aplicación de los operativos territoriales desplegados en áreas críticas y anunció la apertura de un llamado en noviembre para incorporar 1.000 nuevos efectivos a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala cuestionó con dureza el desempeño ministerial y calificó de «cáscara vacía» al Plan Nacional de Seguridad implementado hace siete meses. El legislador advirtió sobre la tendencia creciente de los homicidios y de los heridos por armas de fuego, a lo que sumó una disminución en el esclarecimiento de estos delitos. Asimismo, señaló que si bien a nivel nacional se registran bajas en los delitos contra la propiedad, en la capital crecieron tanto los hurtos como las rapiñas en comparación con el año anterior, argumentando que las intervenciones focalizadas desplazan la actividad delictiva hacia otros barrios.

En contraposición, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci defendió la continuidad del rumbo estratégico y sostuvo que no debe modificarse la orientación general frente a fluctuaciones en las estadísticas. Si bien reconoció el incremento en los asesinatos y en la cifra de personas heridas de bala, remarcó que las rapiñas acumulan un descenso cercano al 38% en comparación con 2021 y los hurtos cayeron un 8,4%. Además, indicó que más del 50% de las muertes violentas se clasifican como ajustes de cuentas, lo que demanda priorizar tareas de inteligencia criminal, seguimiento financiero e investigación sobre el patrullaje genérico.

El intercambio también abordó la estructura y los tiempos de ejecución de las políticas públicas en la materia. Mientras el oficialismo destacó que el plan cuenta con 74 acciones y más de 130 medidas proyectadas para una década, además de la reciente extensión del período formativo de los agentes de seis a nueve meses, la oposición reclamó la concreción de medidas relativas al control de armamento, el combate al uso de motocicletas en delitos y la construcción de plazas penitenciarias de máxima seguridad.