La concejala Iara Pimentel, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), resultó herida en el rostro al ser alcanzada por un proyectil durante una caravana política en la ciudad de Montes Claros, en el estado de Minas Gerais. El vehículo con altoparlantes en el que se desplazaba fue blanco de botellas, ladrillos y otros elementos arrojados durante la actividad, lo que obligó a que la legisladora municipal fuera trasladada para su atención médica en una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu). Tras el episodio, Pimentel reclamó una investigación rigurosa para sancionar a los responsables y sostuvo que las diferencias partidarias no pueden justificar agresiones físicas ni poner en riesgo la vida.

El caso generó repercusiones en el marco del balotaje brasileño. Luego de sufragar en São Bernardo do Campo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo referencia directa al ataque ocurrido en Montes Claros y condenó los sucesos de violencia reportados a lo largo de la campaña. El jefe de Estado defendió la convivencia democrática y remarcó la necesidad de respetar la diversidad de posturas políticas y religiosas, enfatizando que las discrepancias no deben resolverse mediante agresiones.

La agresión también motivó el pronunciamiento de la diputada federal electa Ana Elisa, quien expresó su solidaridad con la concejala y denunció haber sido blanco previo de intimidaciones sistemáticas de carácter misógino y de violencia sexual, hechos que la llevaron a requerir asistencia y quedar incorporada en el Programa Estatal de Protección de Minas Gerais tras radicar la denuncia ante la Policía Civil.

En paralelo a estos episodios, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial Federal y Ministerio Público de la Unión (Fenajufe) emitió una declaración de repudio por intimidaciones dirigidas a personal de la Justicia Electoral desde la primera vuelta de los comicios. Asimismo, organizaciones sociales en el Distrito Federal reportaron actos de agresión física y hostigamiento contra militantes durante actividades de difusión política en la vía pública, casos que fueron elevados a las autoridades policiales para su tramitación judicial.